Disculpas Públicas

Sentencia

No. proceso: 06101201802540 No. de ingreso: 1
Dependencia jurisdiccional: SALA ESPECIALIZADA DE LO CIVIL Acción/Infracción: ACCIÓN DE PROTECCIÓN
Actor(es)/Ofendido(s): BARRERA CARDENAS OLGA BEATRIZ Demandado(s)/Procesado(s):

OTROS

AB. DANIEL NUÑEZ BUCAY (PROCURADOR ESPOCH)

 

La Sala de lo Civil y Mercantil, Laboral, Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, para resolver la presente acción constitucional efectúa las siguientes consideraciones: PRIMERO.- Este Tribunal Ad Quem, es competente para resolver el Recurso de Apelación propuesto dentro de la acción ordinaria de protección propuesta por la legitimada activa Dra. Olga Beatriz Barrera Cárdenas, en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del numeral 3) del Art. 86 de la CRE en concordancia con lo dispuesto en los Arts. 8 numeral 8), Art. 24; y, el Art. 168 numeral 1) de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. SEGUNDO.- En la presente acción se ha observado irrestricto respeto al Debido Proceso, pilar fundamental de la Tutela Judicial Efectiva y la Seguridad Jurídica de los justiciables, no se ha observado omisión de solemnidades que vicien de nulidad lo actuado, por lo que se declara su validez. TERCERO.- El constitucionalista ecuatoriano Ramiro Ávila Santamaría, define a las <garantías constitucionales> como “los mecanismos que establece la Constitución para prevenir, cesar o enmendar la violación de un derecho que está reconocido en la misma Constitución. Sin las garantías, los derechos serían meros enunciados líricos, que no tendrían eficacia jurídica alguna en la realidad”. El Art. 88 de la Norma Suprema, determina que: “La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la constitución y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca un daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación”. Tal precepto constitucional tiene concordancia con lo establecido en el Art. 39 de la LOGJCC; y, en definitiva, lo que se debe establecer mediante esta acción es si ha existido o no vulneración de derechos constitucionales. CUARTO.- De la revisión del trámite en primera instancia se observa que: 4.1) A fs. 204 a 204 vta., la Dra. María Augusta Valencia Armas -encargada del despacho- del Dr. Jorge Leonel Castillo León, Juez de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer y Adolescencia con sede en el cantón Riobamba, provincia de Chimborazo conoce de la acción de protección interpuesta por la Dra. Olga Beatriz Barrera Cárdenas, a la que por reunir los requisitos del Art. 10 de la LOGJCC, admite al trámite establecido en los Arts. 13, 14 y siguientes ibídem, disponiendo que se notifique a los accionados con el contenido de misma; y, el auto dictado. 4.2) De fs. 321 a 326 vuelta obra el <acta> de la Audiencia Pública realizada el 25 de septiembre del 2018, las 14H00, a la que asistieron la <legitimada activa> Dra. Olga Beatriz Barrera Cárdenas, acompañada de su patrocinador Dr. Danilo Alvarado Ibarra; y, los abogados David Villacís y Douglas Cedeño, ofreciendo poder o ratificación de los <legitimados pasivos> señores: Ing. Byron Ernesto Vaca Barahona PhD., Rector y representante legal de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo; y, Miembros del Consejo Politécnico>. No comparece el Delegado de la Procuraduría General del Estado, a pesar de que se encontraba legalmente notificado. En dicha audiencia intervinieron tanto la <legitimada activa> como los <legitimados pasivos>, aportando sus réplicas, como consta del audio de la misma que ha sido escuchado en su integridad por la Sala. 4.3) Los legitimados pasivos Ing. Byron Ernesto Vaca Barahona PhD., Rector y representante legal de la ESPOCH y Miembros del Consejo Politécnico en su escrito de impugnación (fs. 360 a 363 vta.) manifiestan: (Síntesis): 4.3.1) El Juez Aquo ha dictado su fallo aceptando parcialmente la demanda presentada por la actora Dra. Olga Beatriz Barrera Cárdenas, declarando la vulneración del Derecho a la Seguridad Jurídica establecido en el Art. 82 de la CRE, sentencia con la que están en total desacuerdo al no haberse tomado en cuenta los siguientes argumentos jurídicos: 4.3.2) El Art. 40.3 de la LOGJCC como requisito para que proceda una acción de protección manifiesta: “3. Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado.” También refieren que el Art. 42 ibídem señala los casos de improcedencia de la acción. 4.3.3) El Código Orgánico General de Procesos dentro del proceso Ordinario Contencioso Administrativo: Art. 326, señala que se tramitarán en este procedimiento, las siguientes acciones: 1. La de plena jurisdicción o subjetiva que ampara un derecho subjetivo de la o del accionante, presuntamente negado, desconocido o no reconocido total o parcialmente por hechos o actos administrativos que produzcan efectos jurídicos directos. Procede también esta acción contra actos normativos que lesionen derechos subjetivos. 2. La de anulación objetiva o por exceso de poder que tutela el cumplimiento de la norma jurídica objetiva, de carácter administrativo y puede proponerse por quien tenga interés directo para deducir la acción, solicitando la nulidad del acto impugnado por adolecer de un vicio legal. Citan estas disposiciones constitucionales y legales con el fin de que llegue a conocimiento del Juez que los fundamentos de hecho y de derecho propuestos por la accionante carecen de verdad, sustento y asidero jurídico, pues son asuntos de carácter administrativo; y, no de violación o vulneración de derechos, contraviniendo al Art. 40.3 LOGJCC, por lo tanto no es la vía expedita para hacer valer los mismos sino ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 4.3.4) Existe IMPROCEDENCIA de la acción pues es necesario que “no” concurran los requisitos constantes en el Art. 42.4 de la LGGJCC que especifica que no exista otro mecanismo de defensa adecuado. Lo que pretende la accionante es “desnaturalizar” esta garantía jurisdiccional de derechos constitucionales, pidiendo se le reconozca un “supuesto derecho” que puede ser impugnado por vía administrativa como lo corrobora la Sentencia No. 199-12-SEP-CC de 26 de abril del 2012, emitida por la Corte Constitucional que expresa: “por tanto la legada contravención a preceptos legales, conlleva una lesión a derechos Constitucionales, más solo de manera mediata ya que la misma existencia de normas infraconstitucionales y de derechos subjetivos que de ella se desprenden constituyen lo que esta corte a denominado los asuntos de mera legalidad que no pueden ser conocidos en sede constitucional por la existencia de remedios suficientes en la justicia ordinaria”. La Sentencia No. 045-11-SEP-CC de 24 de noviembre de 2011, expresa: “el control de la legalidad de los actos están asignados a la jurisdicción contencioso administrativa”. 4.3.5) La accionante Dra. Olga Beatriz Barrera Cárdenas está vulnerando los principios estipulados en el Código Orgánico de la Función Judicial que en sus Arts. 11 y 31 hablan sobre el Principio de Especialidad; y, el Principio de Impugnabilidad en sede judicial de los actos administrativos. Todo lo dicho tiene un objetivo mayor, asegurar el Debido Proceso y la Seguridad Jurídica, lo que atenta contra la confianza otorgada al ordenamiento jurídico que ha establecido un procedimiento para cada tipo de acción; y, que le otorga a toda persona el derecho a acudir a la justicia con la certeza de que existe un Debido Proceso propio, aplicado por autoridad competente. 4.3.6) La ESPOCH ha enmarcado su accionar en lo dispuesto en el Art. 226 de la CRE <Principio de Legalidad> donde a los servidores públicos -únicamente- se les permiten actuar conforme a la Constitución y a las leyes. La institución actuó acatando las disposiciones del Reg. CMOPAT-ESPOCH, que en su Art. 22.3 sobre los requisitos de ingreso del personal académico titular Auxiliar 1 dice: “haber creado o publicado al menos dos obras de relevancia o artículos indexados en los campos de conocimiento afines al concurso (…)”. Que es concordante con lo dispuesto en el Art. 150 de la LOES sobre los requisitos para ser profesora titular: “b) Haber realizado o publicado obras de relevancia o artículos indexados en el campo amplio de conocimiento afín al desempeño de sus actividades académicas". 4.3.7) La legitimada activa no cumple con el Art. 22.3 sobre los requisitos mínimos inexcusables de ingreso del personal académico titular, que además se encuentra en una norma orgánica como la LOES en el Art. 150. 4.3.8) El Reg. CMOPAT-ESPOCH, determina en su Art. 25, literal c), último inciso: “en el caso de publicaciones, obras de relevancia, proyectos de investigación, deberán ser certificados por la Dirección de Publicaciones de la ESPOCH”, certificación que no puede ser únicamente una “mera constatación del documento físico” sino de en qué campos del conocimiento “amplio y específicos” se encuentran los artículos, pues conforme al Art. 136 del Estatuto Politécnico: la Dirección de Publicaciones es el órgano institucional encargado de evaluar la producción científica de medio impreso, audiovisual, magnético u óptico. 4.3.9) Sobre los derechos vulnerados de la Dra. Olga Beatriz Barrera Cárdenas, por principio general, la “mera expectativa no genera derechos” por lo cual su “participación en el concurso no le aseguraba que resultara ganadora del mismo y a más de esto jamás se le ha impedido ingresar documentación, ha hecho uso de las etapas correspondientes del proceso”. (sic) 4.3.10) El derecho es generado por el Consejo Politécnico, como órgano nominador, más no por la Comisión de Evaluación del Concurso que conforme al Art. 48 del Reg. CMOPAT-ESPOCH “la Comisión de Evaluación del concurso público de merecimientos y oposición notificará los resultados finales del concurso público de merecimientos y oposición señalando la calificación total final por cada uno de los postulantes”. El Art. 49 determina que el Consejo Politécnico de conformidad a las actas de resultados finales notificadas por la comisión de evaluación, podrá tomar las siguientes resoluciones: a) Declarar ganador del concurso, por cada vacante, al postulante que haya obtenido el puntaje más alto. Lo que significa que, a partir de la decisión del Consejo Politécnico, existe la declaratoria de ganador; y, por ende se genera un derecho para el administrado; no antes como erróneamente se intenta decir. 4.3.11) La preclusión es la acción y efecto de extinguirse el derecho a realizar un acto procesal, por haberse dejado pasar la oportunidad de verificarlo. El procedimiento no se encontraba precluido pues el Consejo Politécnico, mediante Resolución 374.CP.2018 de 20 de julio de 2018, resuelve en su Art. 1, en base a los Arts. 19 último inciso; 21 y 22 del Reg. CMOPAT-ESPOCH; y, a la Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado 407-03, que Talento Humano, requiera, solicite, revise e informe de los requisitos mínimos que deben “cumplir los participantes” y mediante Resolución 383.CP.2018, luego de la verificación de la documentación constante emite resultados, en base al “apoyo” y “asesoría” de sus departamentos competentes, “que dichos informes no son vinculantes para el órgano colegiado superior, solo son informativos y entregan elementos para la toma de decisiones, como PROCESOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS de acceso público que mantiene la institución” La Decisión de acoger el informe fue notificada en su debido tiempo y forma a la accionante, quien ejerce su Derecho a la Legítima Defensa y oposición a la decisión tomada por Consejo Politécnico, presentando el recurso impugnatorio de reconsideración. Siendo recibida en el Consejo Politécnico el martes 14 de agosto de 2018, momento en el cual debía presentar sus argumentos técnicos y académicos que demostraran su oposición a la certificación de la Dirección de Publicación, probando la afinidad de su artículo al campo amplio del concurso convocado. 4.3.12) Lo impugnado por la accionante, es un asunto de “mera legalidad” que no debe ser conocido en sede constitucional pues en el numeral 10.2 de la demanda se menciona como un acto ilegalmente actuado por el Consejo Politécnico el que se haya remitido la documentación a Talento Humano, ya que el órgano a su interpretación del Reg. CMOPAT-ESPOCH solo debía declarar ganadores a los primeros lugares, sin previa verificación, lo que demuestra que esta no es la vía adecuada en razón de la Sentencia de la Corte Constitucional 016-13-SEP-CC de 16 de mayo de 2013 que determina “los conflictos que pudieran generarse respecto a la aplicación errónea o mala interpretación de las disposiciones normativas infra constitucionales no puede ser objeto del análisis por parte de la justicia constitucional vía garantías jurisdiccionales de los derechos, puesto que para ello existen los interpretes normativos competentes” “pues a pesar de estar relacionados con algún derecho contenido en la Constitución su afectación no acarrea la vulneración del mismo” (sic). 4.3.13) La ESPOCH acató lo dispuesto en el Art. 82 de la CRE Derecho a la Seguridad Jurídica, la postulante sabía que el Reg. CMOPAT-ESPOCH era el instrumento jurídico que se iba a utilizar para la evaluación y puntuación del concurso, por lo que la ESPOCH cumplió con el Principio de Publicidad, que va en apego al Derecho al Debido Proceso que ha sido respetado al habérsele “permitido” oponerse mediante el recurso impugnatorio de reconsideración ejercido ante el Pleno del Consejo Politécnico; así como haber sido respondida en los términos correspondientes y motivadamente. 4.3.14) En una causa similar los Jueces del Tribunal de Garantías Penales de Chimborazo, No. 06171-2018-00007, mediante sentencia se resolvió que no existe violación de derechos constitucionales; en la causa No. 06282-2018-01037, el Juez de Garantías Penales de Chimborazo, Dr. Luis Nelson Rodríguez declara inadmisible la acción de protección planteada; así mismo, en la causa No. 06335-2018-02036, la Jueza de la Unidad Civil de Chimborazo Dra. Luisa Miranda Chávez, rechaza la acción. Mediante sentencia dentro de la acción de protección con medida cautelar No. 0335-2015-01261 seguida por Cepeda Pacheco Juan Carlos en contra de la Universidad Nacional de Chimborazo, el Juez Dr. Nelson Escobar, resuelve “que no procede la acción de protección” “Esta sentencia es ratificada por la Sala Especializada de lo Civil con el mismo número de proceso 06335-2015-01261. Teniendo como Jueza Ponente a la Dra. Beatriz Arellano. La Corte Constitucional teniendo como Juez Ponente a la Dra. Wendy Molina Andrade dentro de la misma petición inadmite a trámite la acción extraordinaria de protección del caso 115-15-EP, mediante auto de 02 de febrero de 2016”. 4.3.15) Indica que a la legitimada activa Dra. Olga Beatriz Barrera Cárdenas se le ha tratado en igualdad de condiciones por lo que está fuera de todo contexto legal que se ha violado, vulnerado o amenazado sus derechos. 4.3.16) Respecto de las medidas de reparación integral -material e inmaterial- son inaplicables, por no tratarse de asuntos en sede constitucional, ya que la accionante solicita se le declare ganadora del concurso de méritos y oposición, lo que significa el reconocimiento de un derecho, que es diferente que exista una vulneración de derechos constitucionales. El derecho que pretende se le otorgue es el Derecho de Participación, Art. 61.7 de la CRE “Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: (…) 7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación intergeneracional”. Lo que contraría lo determinado en el Art. 42.5 de la LOGJCC: “Cuando la pretensión del accionante sea la declaración de un derecho.”. “(…) lo que compete es retrotraer el proceso, al momento de la notificación para que la accionante conteste, nuevamente, a la Dirección de publicaciones, sobre la afinidad de su artículo, cumpliendo los requisitos de acceso a la carrera docente, pero jamás la concesión de un derecho que no ha sido generado” 4.3.17) Rememora lo dispuesto en el Art. 63 del Código Orgánico Administrativo, que estipula que cuando los miembros del órgano se abstengan, quedan exentos de la responsabilidad, que, en su caso, pueda derivarse de las decisiones adoptadas. QUINTO.- Del contenido de la acción inserta en la demanda, la documentación presentada; y, lo actuado por las partes dentro de la tramitación y fundamentación del Recurso de Apelación materia del presente proceso constitucional se tiene que la discusión se centra en determinar si se han vulnerado los derechos de la <legitimada activa> Dra. Olga Beatriz Barrera Cárdenas dentro del Concurso Público de Merecimientos y Oposición realizado por la ESPOCH para vincular personal académico titular, categoría Auxiliar 1, de la Facultad de Mecánica, Ingeniería Automotriz, Bloque 5; y, la revisión de la constitucionalidad de las actuaciones del Consejo Politécnico y los funcionarios de dicha institución educativa de nivel superior dentro del proceso mencionado. 5.1) Nuestra Corte Constitucional, ha manifestado la obligación de que el Juzgador dilucide -en cada caso- puesto a su conocimiento, si se trata de un problema a ser resuelto en la jurisdicción ordinaria; o, si es procedente que el afectado opte por la vía supra legal para la defensa y protección de sus Derechos Constitucionales supuestamente violentados. "La acción de protección procede cuando se verifique una real vulneración de derechos constitucionales, con lo cual, le corresponde al juez verificar y argumentar si existe o no una vulneración de un derecho constitucional, es a él a quien le corresponde analizar caso a caso, sobre la base de un ejercicio de profunda razonabilidad, los hechos y las pretensiones del actor para poder dilucidar si se trata de un caso de justicia constitucional o si por el contrario, por su naturaleza infra constitucional su conocimiento le corresponde a la justicia ordinaria". El Art. 40 de LOGJCC, señala como requisitos para la procedencia de la acción de protección: Violación de un derecho constitucional; Acción u omisión de autoridad pública o de un particular de conformidad con el artículo siguiente; e, Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado. Al respecto la Corte Constitucional del Ecuador indica: “… Así las cosas, cabe recordar que todo el ordenamiento jurídico se encuentra dirigido a la protección de derechos; por lo tanto, es indiscutible que ante la vulneración de derechos constitucionales, no cabe argumentar razones de legalidad para rechazar garantías jurisdiccionales, pues este proceder enerva la efectiva vigencia de los derechos constitucionales, ya que el objeto de las garantías es la tutela de los derechos constitucionales. Resulta obvio que las garantías jurisdiccionales son mal utilizadas, cuando se desechan acciones de raigambre constitucional, sosteniendo que son cuestiones de legalidad, así como cuando, a la inversa, a asuntos de legalidad se yuxtapone la justicia constitucional…” SEXTO.- LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 6.1) Nuestra Norma Suprema establece imperativamente que la Administración Pública -en forma general- se constituye como un SERVICIO a la COLECTIVIDAD mismo que se rige por más de una decena de PRINCIPIOS: 6.1.1) Eficacia; 6.1.2) Eficiencia; 6.1.3) Calidad; 6.1.4) Jerarquía; 6.1.5) Desconcentración; 6.1.6) Descentralización; 6.1.7) Coordinación; 6.1.8) Participación; 6.1.9) Planificación; 6.1.10) Transparencia; y, 6.1.11) Evaluación. Evidentemente un PRINCIPIO se transforma en una razón máxima o mandato de optimización que rige desde una esfera meta-legal a las normas inferiores. Para desarrollarlos nuestra Constitución de la República del Ecuador, establece en su Art. 228, la forma como los ciudadanos pueden ingresar, ascender y promocionarse dentro del Servicio Público: “El ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y oposición, en la forma que determine la ley, con excepción de las servidoras y servidores públicos de elección popular o de libre nombramiento y remoción. Su inobservancia provocará la destitución de la autoridad nominadora.”. Es claro que para cumplir con los Principios de Eficacia; Eficiencia; Calidad; Participación; y, Transparencia se debe garantizar la intervención de todos los ciudadanos interesados en igualdad de condiciones a fin de que entre éstos se designe a los más aptos para desempeñar los puestos que ésta propone para su funcionamiento. 6.2) La LOES regula el Sistema de Educación Superior en el Ecuador, sus organismos y las instituciones que lo integran, tal normativa establece DERECHOS, DEBERES y OBLIGACIONES tanto de personas naturales y jurídicas, establece además las SANCIONES establecidas en caso de incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Constitución; y, en dicha normativa, teniendo como norte: Una Educación Superior de calidad que busque la excelencia garantizando a los ciudadanos al acceso y permanencia en ésta. Tal normativa establece como uno de los DERECHOS de profesores e investigadores el: “c) Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos directivos, que garantice estabilidad, promoción, movilidad y retiro, BASADOS EN EL MÉRITO ACADÉMICO, en la calidad de la enseñanza impartida, en la producción investigativa, en la creación artística y literaria, en el perfeccionamiento permanente, sin admitir discriminación de género, etnia, ni de ningún otro tipo; además a tener posibilidades de acciones afirmativas; (…)” Reconociendo como una de sus funciones: “h) Promover el ingreso del personal docente y administrativo, en base a concursos públicos previstos en la Constitución;”; 6.3) La Codificación del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior establece las <normas generales> que regulan la vinculación del personal de apoyo; y, la carrera y escalafón del personal académico de las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares, siendo una normativa de aplicación obligatoria para las instituciones que lo conforman. Disponiendo en su Art. 44: “Del ingreso a la carrera por concurso público de merecimientos y oposición.- Para el ingreso a un puesto de personal académico titular en una institución de educación superior pública o particular se convocará al correspondiente concurso público de merecimientos y oposición. El concurso evaluará y garantizará la idoneidad de los aspirantes y su libre acceso bajo los principios de transparencia y no discriminación. Se aplicarán acciones afirmativas de manera que las mujeres y otros grupos históricamente discriminados participen en igualdad de oportunidades. (…)” El Estatuto Politécnico-ESPOCH, concuerda en señalar: “Art. 135.- El personal académico de la ESPOCH, estará conformado por los docentes. Para ser docente regular de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo se requiere tener título universitario o politécnico, ganar el correspondiente concurso de merecimientos y oposición; el ejercicio de la cátedra podrá combinarse con la investigación, dirección gestión institucional y actividades de vinculación con la colectividad.” El Reglamento de Concursos de Merecimientos y Oposición para el Personal Académico Titular de la ESPOCH Reg. CMOPAT-ESPOCH entre los requisitos para el ingreso como personal académico titular de la ESPOCH establece: “3) Cumplir con los requisitos: establecidos en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Servicio Público (…) h) Haber sido declarado triunfador en el concurso de méritos y oposición, salvo en los casos de las servidoras y servidores públicos de elección popular o de libre nombramiento y remoción; e, i) Los demás requisitos señalados en la Constitución de la República y la Ley.” 6.4) De lo anotado no cabe duda alguna que el ACCESO a la Carrera Docente o Académica dentro de una Institución de Educación Superior, Universidades o Politécnicas solo procede mediante la realización del respectivo Concurso de Merecimientos y Oposición, que garantice una educación superior de calidad y excelencia basado en el mérito académico de los postulantes a los cargos ofertados bajo los Principios de Eficacia; Eficiencia; Calidad; Participación; Transparencia; y, Igualdad de Oportunidades. Nuestra Norma Fundamental, establece puntualmente, en el Art. 61 sobre los Derechos de Participación: “Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: (…) 7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación intergeneracional. (…)” La Corte Constitucional del Ecuador, al respecto ha señalado: “…el concurso de oposición y méritos tiene como finalidad asegurar una SELECCIÓN OBJETIVA en virtud de los méritos de la o el aspirante, a fin de garantizar, por un lado, la eficiencia, eficacia y calidad de la administración pública, y por otro lado, el derecho constitucional a la igualdad formal y material de los aspirantes establecido en los artículo 11 numeral 1, y 66 numeral 4 de la Constitución de la República, ya que a través de un MECANISMO ESTÁNDAR PARA LA SELECCIÓN E INGRESO DE PERSONAL, SE GARANTIZA QUE TODOS QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN UN CONCURSO DE OPOSICIÓN Y MÉRITOS, PARA INGRESO A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LO HAGAN EN IGUALDAD DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES. De esta manera, el concurso de méritos y oposición constituye uno de los más efectivos sistemas de selección, ya que permite que quienes aspiren a ingresar a la administración pública lo hagan en base a sus méritos, esto es en base a la demostración de conocimientos, capacidades y habilidades a través de pruebas objetivas.” 6.5) CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN. De acuerdo a lo tipificado por la LOES, en su Art. 152, tal concurso obligatorio para el acceso a la titularidad de una cátedra debe ser convocado al menos en dos medios de comunicación escrita, de ámbito masivo; y, en la red electrónica de información establecida por el órgano rector de la política pública de educación superior, a través del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior y en los medios oficiales de la universidad o escuela politécnica convocante. Se actuará con un jurado cuyos miembros serán docentes titulares en sus respectivas universidades y estarán conformados por un 40% de miembros externos a la universidad o escuela politécnica que está ofreciendo la plaza titular. Concluye la norma señalando: “En el caso de las universidades y escuelas politécnicas particulares, su estatuto establecerá el procedimiento respectivo.” 6.6) El concurso público de méritos y oposición dentro de las instituciones de educación superior IES se encuentra integrado por dos “FASES”: MÉRITOS y OPOSICIÓN cuyo proceso y orden será definido por la universidad o escuela politécnica en ejercicio de su autonomía responsable: “Fase de méritos.- Consiste en el análisis, verificación y calificación de los documentos presentados por las y los aspirantes, conforme a lo establecido en este Reglamento y en la normativa interna de la institución de educación superior. Fase de oposición.- Constará de pruebas teóricas y/o prácticas, orales y escritas, así como de la exposición pública de un proyecto de investigación, creación o innovación, que haya dirigido o en el que haya participado. No se aplicará de modo obligatorio el requisito de la exposición pública de un proyecto de investigación, creación o innovación al postulante para personal académico titular auxiliar 1 o titular agregado 1. La fase de oposición deberá tener un peso de entre el cincuenta y setenta por ciento del total de la calificación en el concurso para profesores e investigadores auxiliares y agregados, y entre treinta y setenta por ciento para profesores e investigadores principales. En caso de que exista un solo participante que cumpla con todos los requisitos y puntajes mínimos de cada etapa, éste será declarado ganador, siempre y cuando complete al menos el 75% de la nota máxima del puntaje total. Sin perjuicio de que en estos casos, las universidades y escuelas politécnicas, en ejercicio de su autonomía responsable requieran un porcentaje más alto. En todas las fases tanto en la de méritos como en la de oposición de los concursos de méritos y oposición, las IES deberán publicar en sus portales web y comunicar a los postulantes los resultados obtenidos.” 6.7) El Reglamento de Concursos de Merecimientos y Oposición para el Personal Académico Titular de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) textualmente señala: “Artículo 26. Fases del concurso de méritos y oposición.- El concurso público de merecimientos y oposición consta de dos fases: 1. Fase de méritos.- Consiste en el ANÁLISIS, VERIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LAS Y LOS POSTULANTES que respalden el cumplimiento de requisitos para la categoría materia del concurso. Esta fase se desarrollará en las siguientes etapas: a) Etapa de calificación de idoneidad.- CONSISTE EN EL ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS POSTULANTES Y SU CALIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS CONSTANTES EN LAS BASES DEL CONCURSO. b) Etapa de calificación de méritos.- CONSISTE EN LA CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LAS Y LOS POSTULANTES; LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA que respalde el cumplimiento de cada requisito para la categoría postulada y que sea objeto de calificación de méritos. La fase de méritos tendrá una ponderación del cincuenta por ciento (50%) del total de la calificación del concurso público. 2. Fase de oposición. La fase de oposición constará de pruebas teóricas y/o prácticas, orales y escritas, así como, la exposición pública de una clase demostrativa. Para el caso de profesores principales se presentará un proyecto de investigación, creación o innovación, que haya dirigido o en el que haya participado. No se aplicará el requisito de la exposición pública de un proyecto de investigación, creación o innovación al postulante para personal académico titular auxiliar 1 y agregado 1. La fase de méritos tendrá una ponderación del cincuenta por ciento (50%) del total de la calificación del concurso público.” 6.8) Por tanto es imperativo constitucional, legal, reglamentario; y, estatutario que para el ingreso a la Docencia Politécnica en la ESPOCH -en este caso- para obtener la titularidad de Profesor Auxiliar 1 de la Facultad de Mecánica, las personas interesadas participen en un <concurso público de méritos y oposición> CLARAMENTE DEFINIDO EN BASE DE LA NORMATIVA ANTEDICHA que GARANTICE el Debido Proceso y la Seguridad Jurídica de los participantes a fin de que no exista un mínimo de arbitrariedad por parte de las personas que llevan a cabo el concurso; y, que los ciudadanos que acceden al proceso tengan igualdad de oportunidades; y, un trato justo, pues un resultado técnico y honesto al que se arribe dentro de un concurso, alejado de cualquier influencia interna o externa es la única forma de LEGITIMAR tanto el acceso a la docencia dentro de la educación superior del aspirante; así como, el obrar de las autoridades de la ESPOCH de procurarse a las personas más capaces que honren sus fines de excelencia. 6.9) La ESPOCH realizó la convocatoria a Concurso Público de Merecimientos y Oposición para Personal Académico Titular Categoría Auxiliar 1 de la Facultad de Mecánica Bloque 5, fundamentada en el Art. 228 de la CRE; Art. 152 de la LOES; y, Art. 46 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior. La legitimada activa Dra. Olga Beatriz Barrera Cárdenas, ha participado en dicho concurso para ocupar el cargo de Académica Titular Categoría Auxiliar 1 Bloque 5 (Análisis Matemático I y Análisis Matemático II). De la revisión exhaustiva del proceso y la probatoria efectuada, se establece: 6.10) Mediante Resolución 0283.CP.2017 de martes 20 de junio del 2017 (fs. 8 a 31 vta.), el Consejo Politécnico de la ESPOCH, “considerando” “Que, es necesario armonizar los procedimientos de los concursos de merecimiento y oposición del personal académico titular conforme lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior su Reglamento General de Aplicación y el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior”. Expide el Reglamento de Concurso de Merecimientos y Oposición para el Personal Académico Titular de la ESPOCH contenido en sesenta (60) artículos; diecisiete (17) Disposiciones Generales, y, una Disposición Derogatoria. Tal reglamento establece el procedimiento OBLIGATORIO para el desarrollo de los concursos públicos de merecimientos y oposición para el cubrimiento del personal académico titular de dicha institución. En él se establece la integración de una <Comisión de Evaluación> del concurso a instaurarse conformado por 5 miembros (3 internos y 2 externos): 1) El Rector, o su delegado (Quien preside la misma); 2) El Decano de la Facultad, o su delegado; y, 3) Un profesor titular (seleccionado aleatoriamente en el campo amplio de la plaza motivo del concurso) 2 miembros externos a la ESPOCH (profesores). Sus FUNCIONES por tanto, se encuentran claramente determinadas: “(…) Calificar los documentos presentados por los participantes, de conformidad con los parámetros establecidos en este Reglamento; Elaborar y suscribir las actas de cada una de las fases del concurso, donde constarán las novedades suscitadas de manera motivada y los puntajes alcanzados por las y los postulante; Notificar al Consejo Politécnico los resultados obtenidos en el concurso público de merecimientos y oposición, así como la recomendación de declaratoria de concurso desierto (…) Velar por la igualdad de condiciones de las y los postulantes y la aplicación de acciones afirmativas; COMPROBAR LA VERACIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA QUE RESPALDE EL CUMPLIMIENTO DE CADA REQUISITO PARA LA CATEGORÍA POSTULADA Y QUE SEA OBJETO DE CALIFICACIÓN DE MÉRITOS DE LAS Y LOS POSTULANTES; Establecer los temas referentes a la asignatura motivo del concurso para la prueba de oposición (clase demostrativa) y los exámenes de la fase de oposición; Las demás que para el efecto se dispongan a través del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior y normativa interna de la ESPOCH.” (Los resaltados, subrayados y mayúsculas son nuestros) 6.11) El acceso a los cargos titulares sean académicos o investigativos ofertados por la ESPOCH de conformidad a su Reg. CMOPAT-ESPOCH -como se señaló anteriormente- consta de dos fases claramente determinadas: Una <Fase de Méritos> subdividida en dos “etapas”: Una Etapa de calificación de idoneidad. Consistente en el análisis y revisión de la documentación presentada y la calificación del cumplimiento de los requisitos mínimos constantes en las bases del concurso; y, una Etapa de calificación de méritos. En la que se califica la documentación aportada; se VERIFICA que ésta respalde el cumplimiento de cada requisito para la categoría postulada; y, que sea objeto de calificación de méritos. 6.12) A fs. 33 y 34 obra el Acta de Idoneidad de Méritos suscrita el 30 de mayo de 2018, por los miembros de la Comisión de Evaluación del Concurso de Merecimientos y Oposición para el Personal Académico Titular de la ESPOCH integrada por los señores: José Rigoberto Muñoz Cargua, Rector o Delegado/a; Rafael Santiago Albuja Echeverría, Decano o Delegado; Luis Antonio Vera Rojas, Profesor Titular; John Alex Ramírez Figueroa Profesor Titular Externo 1; Jaime Rodrigo Guilcapi Mosquera, Profesor Titular Externo 2; y, Jairo Andrés Guamantaqui, Mejor Estudiante. Acta en la que se manifiesta que “LUEGO DEL ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LOS POSTULANTES SE OBTIENE LOS SIGUIENTES RESULTADOS”: “Postulaciones analizadas, calificadas a ser notificados por la Secretaría de ésta Comisión (Decano o Director de Centro o sus Delegados)” Se califica como IDÓNEA a la Dra. Olga Beatriz Barrera Cárdenas (40.00) se destaca que los otros dos postulantes Édgar Alfredo Astudillo Pinos; y, Maritza Elizabeth Castro Mayorga NO SIQUIERA DEMOSTRARON IDONEIDAD, siendo la única persona que logró un puntaje ponderado. De fs. 38 a 39 obra el Acta de Calificación de Méritos de 30 de mayo del 2018, suscrita por la Comisión ya singularizada en que se le acredita como valor obtenido de Méritos de la legitimada activa 40.00 puntos (fs.38 a 39). Sin que exista impugnación alguna que obre del proceso sobre los resultados de la fase de méritos, que según la convocatoria de concurso, procedía desde el 12 de junio del 2018 al 14 de junio del 2018. Por tanto se continuó a la fase de oposición del mencionado concurso. 6.13) De fs. 41 obra el Acta de Fase de Oposición. De la Calificación suscrita el 22 de junio de 2018, por los miembros de la Comisión de Evaluación del Concurso de Merecimientos y Oposición para el Personal Académico Titular de la ESPOCH integrada por los señores: José Rigoberto Muñoz Cargua, Rector o Delegado/a; Rafael Santiago Albuja Echeverría, Decano o Delegado; Luis Antonio Vera Rojas, Profesor Titular; John Alex Ramírez Figueroa Profesor Titular Externo 1; Jaime Rodrigo Guilcapi Mosquera, Profesor Titular Externo 2; y, Jairo Andrés Guamantaqui, Mejor Estudiante. Acta en la que se manifiesta que se establece las calificaciones de cada uno de los postulantes, por cada una de las etapas y la puntuación final del presente bloque. “Oposiciones receptadas, analizadas, y calificadas a ser notificadas por la Secretaría de ésta Comisión (Decano o Director de Centro o sus Delegados)”: Puntajes obtenidos en el siguiente y único orden: PRIMER LUGAR: Olga Beatriz Barrera Cárdenas (43.00) (legitimada activa). Sin que exista impugnación alguna que obre del proceso sobre los resultados de la fase de oposición, que según la convocatoria de concurso, procedía desde el 04 de julio del 2018 al 06 de julio del 2018. 6.14) De fs. 49 obra el Acta de Resultados Finales. Consolidación de la Fase de Méritos y la Fase de Oposición, suscrita el 12 de julio de 2018, por los miembros de la Comisión de Evaluación del Concurso de Merecimientos y Oposición para el Personal Académico Titular de la ESPOCH integrada por los señores: José Rigoberto Muñoz Cargua, Rector o Delegado/a; Rafael Santiago Albuja Echeverría, Decano o Delegado; y, Luis Antonio Vera Rojas, Profesor Titular. Acta fundamentada en el Art. 47 del Reg. CMOPAT-ESPOCH “Puntaje mínimo.- el puntaje mínimo para ser ganador del Concurso Público de Méritos y Oposición será setenta y cinco sobre cien (75/100) puntos. En caso de que ninguno de los concursantes logre el puntaje mínimo, la Comisión de Evaluación del Concurso Público de Méritos y Oposición solicitará se declare desierto.” y Art. 48 ibídem, notifican las calificaciones totales finales de la postulante: PRIMER LUGAR: Olga Beatriz Barrera Cárdenas (83.00) (legitimada activa). 6.15) La Sala por su importancia para el análisis constitucional del caso respecto de los requisitos de idoneidad de la postulante, trascribe las normas atinentes del Reg. CMOPAT-ESPOCH: “Artículo 19. Recepción de postulaciones y documentación.- El postulante deberá presentar originales o copias certificadas por la entidad que emita el documento o copias notarizadas de la documentación para cada concurso que se presente. La Dirección de Talento Humano en presencia del postulante procederá a numerar y sumillar los documentos presentados por el postulante, luego de lo cual colocará la documentación en un sobre de manila que será cerrado y sellado en presencia del postulante. En cada sobre se hará constar el número de fojas por cada expediente, el detalle de los nombres completos, número de cédula de ciudadanía o pasaporte y firmas del postulante y funcionario que recibe. En el caso de documentos que provengan del extranjero deberán ser apostillados. La Dirección de Talento Humano en un plazo de hasta 48 horas posterior al cierre de las postulaciones, remitirá la documentación a la Comisión de Evaluación del respectivo concurso adjuntando el Acta en la que constará el número de expedientes recibidos por cada concurso. Los expedientes recibidos quedan bajo la responsabilidad y custodia de la dirección de Talento Humano, del Presidente y Secretario de la Comisión de Evaluación del Concurso de conformidad con el cronograma establecido. La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo se reservará el derecho de verificar la autenticidad y validez de la documentación presentada.” “Art. 57.- Presentación de documentos certificados.- Una vez concluida la etapa de impugnación, y notificado los resultados definitivos a los postulantes el ganador del concurso público de méritos y oposición, por cada una de las vacantes convocadas, tendrá un plazo máximo de quince (15) días para presentar la documentación que habilite su ingreso a la institución conforme lo determina la LOSEP. La documentación deberá ser ingresada a la ESPOCH a través de la Dirección de Talento Humano, en donde se deberá efectuar los trámites administrativos correspondientes paro su posesión dentro del término de Ley.” 6.16) El Reg. CMOPAT-ESPOCH en sus Arts. 48 y 49, ordena que una vez culminada la Fase de Impugnaciones, la Comisión de Evaluación del Concurso Público de Merecimientos y Oposición notifique los resultados finales del concurso señalando la calificación total de cada uno de los postulantes. El acta será notificada por dicha Comisión a los postulantes o a través de correo electrónico. Los resultados finales con toda la documentación y actas generadas en el proceso deben remitirse al Consejo Politécnico. El Consejo Politécnico de conformidad a las actas de resultados finales notificadas por la Comisión verificará que el PROCEDIMIENTO se haya cumplido de acuerdo al presente reglamento, y podrá tomar las siguientes resoluciones: “a) Declarar ganador del concurso, por cada vacante, al postulante que haya obtenido el puntaje más alto, siempre y cuando haya alcanzado al menos 75/100 puntos en el resultado final total; b) Declarar desierto el concurso público de merecimientos y oposición, por recomendación de la Comisión de Evaluación del Concurso Público de Merecimientos y Oposición, o por la Dirección de Talento Humano en el caso de no existir postulantes; y, c) Declarar desierto el concurso público de merecimientos y oposición en el caso de que comprobaren que no se cumplió con el procedimiento establecido.” SÉPTIMO. PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Afirman Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández, destacados administrativistas españoles: “El Principio de Legalidad de la Administración, con el contenido explicado, se expresa, en un mecanismo técnico preciso: la legalidad atribuye potestades a la Administración, precisamente. La legalidad otorga facultades de actuación, definiendo cuidadosamente sus límites, apodera, habilita a la Administración para su acción confiriéndola al efecto poderes jurídicos. Toda acción administrativa se nos presenta así como el ejercicio de un poder atribuido PREVIAMENTE POR LA LEY Y POR ELLA DELIMITADO Y CONSTRUIDO. Sin una atribución legal previa de potestades, la Administración, no puede actuar simplemente.” En tal sentido acota Cassagne: “En el campo de la Administración Pública, el principio de legalidad puede entenderse en varios sentidos. Por de pronto, toda actuación administrativa debe fundarse en ley material (ley formal, reglamento administrativo, ordenanzas, etc.) y éste es el sentido que cabe atribuir al art. 19 de la CN que juega como una garantía a favor de las personas. Al propio tiempo, el principio de legalidad opera como una restricción al ejercicio del poder público y exige ley formal o ley formal material para aquellas actuaciones que interfieran en la libertad jurídica de los particulares” De lo que se infiere claramente que la Administración de cualquier institución pública sobre la base del Principio de Legalidad tiene “potestades” claramente delimitadas y atribuidas previamente de las cuales no puede apartarse, estos poderes jurídicos tienen fundamento en una ley material, cuya transgresión ingresa a la órbita constitucional. La administración se operativiza normalmente a través de actos administrativos, definidos acertadamente por el tratadista ecuatoriano Marco Morales Tobar: “acto administrativo es una declaración unilateral de voluntad de autoridad competente que versa sobre asuntos de la Administración Pública y que tiene efectos de orden jurídico particular” Se colige entonces que un <acto administrativo> a pesar de ser una <declaración de voluntad> debe guardar respeto a los Principios Generales del Derecho Administrativo especialmente el PRINCIPIO DE LEGALIDAD génesis de la actividad pública. A más de ello, es básico entender que la Administración Pública debe guardar respeto al Principio de Buena Fe que presupone: “…que tanto la voluntad de la administración como la del particular o administrado y, en general, los elementos del acto o contrato han sido producto de una conducta recta, leal y honesta. Se trata de una derivación del Principio de la Dignidad de la Persona Humana, cuya vigencia en el derecho administrativo es anterior a la Convención Americana de Derechos Humanos.” 7.1) SEGURIDAD JURÍDICA. El Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.” La Corte Constitucional, respecto de la Seguridad Jurídica ha señalado: “El artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador determina el derecho a la seguridad jurídica el mismo que tiene relación con el cumplimiento de los mandatos constitucionales, estableciéndose mediante aquel postulado una verdadera supremacía material del contenido de la Carta Fundamental del Estado ecuatoriano. Para tener certeza respecto a una aplicación normativa, acorde a la Constitución, se prevé que las normas que formen parte del ordenamiento jurídico se encuentren determinadas previamente; además, deben ser claras y públicas; solo de esta manera se logra conformar una certeza de que la normativa existente en la legislación será aplicada cumpliendo ciertos lineamientos que generan la confianza acerca del respeto de los derechos consagrados en el texto constitucional. Mediante un ejercicio de interpretación integral del texto constitucional se determina que el derecho a la seguridad jurídica es el pilar sobre el cual se asienta la confianza ciudadana en cuanto a las actuaciones de los distintos poderes públicos.”  El respeto a la Seguridad Jurídica se traduce en CONFIANZA, los ciudadanos que conforman el Estado se convierten en el GRAN CONTRALOR SOCIAL que vigila la actuación correcta y desinteresada de la administración, el respeto irrestricto a la Constitución y las leyes, que se traducen en piedra angular del Debido Proceso que den certidumbre al administrado de las facultades de la autoridad y las normas correspondientes. Como bien señala al respecto Eduardo Ferrer Mc-Gregor: “La aplicación del derecho es el principal componente de los principios de certeza y seguridad jurídica, así como del principio de legalidad lato sensu; por ello se requiere de un sistema normativo claro, coherente, completo y operativo, donde la realidad jurídica concuerde con la realidad social.” 7.2) La incorporación de catedráticos titulares a universidades o escuelas politécnicas mediante el mecanismo de un concurso de merecimientos y oposición es un proceso muy delicado que no puede ser tomado con ligereza y debe responder a Principios de Legalidad, Igualdad e Imparcialidad que permitan el acceso a las personas más capaces para desempeñarla la docencia a nivel superior, procesos en que deben prevalecer los resultados técnicamente obtenidos sin que influyan en sus resultados circunstancias ajenas de ninguna especie. Por lógica elemental se establece que si una institución de educación superior convoca a un concurso de méritos y oposición; y, emplaza a que los interesados participen en él, de acuerdo a las reglas impuestas por dicho ente -en base a su potestad reglamentaria- como resultado tiene la designación de la persona o personas que han ocupado el primero o los primeros lugares de ser uno u otro el caso, o uno o varios puestos, ya que si un ciudadano obtiene una nota por sus méritos, se realiza la oposición con sus contendores, no solo posee una “mera expectativa” de que se le adjudique el cargo como personal académico en una , sino que en realidad se convierte en titular de un derecho adquirido. 7.3) Nuestro máximo organismo de Justicia Constitucional en sentencia dictada el 18 de Diciembre del 2019 ha señalado claramente que en un <CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN> se debe designar a la persona <más idónea> para ocupar un cargo público diferenciando lo que es una <mera expectativa> <una expectativa legítima> o <un derecho adquirido como resultado de un concurso de méritos y oposición>: “23. En el marco de un concurso de méritos y oposición se selecciona a la persona más idónea para ocupar un determinado cargo público. La persona con el puntaje más alto es la ganadora del mismo. Por otra parte, las personas inmediatas que no han conseguido el puntaje necesario para ser ganadoras, son parte del banco de elegibles. Esta distinción resulta relevante para diferenciar entre quienes tienen una mera expectativa, una expectativa legítima o un derecho adquirido como resultado de un concurso de méritos y oposición. 24. Por un lado, las personas GANADORAS de un determinado concurso de méritos y oposición son quienes tienen una LEGÍTIMA EXPECTATIVA de ocupar el cargo público para el cual participaron y ganaron, Y UNA VEZ NOMBRADOS ADQUIEREN EL DERECHO DE ESTABILIDAD PARA DICHO CARGO. La legitima expectativa, a diferencia de la mera expectativa, implica que la persona se encuentra en una posición jurídica en la que ha reunido las condiciones para el ejercicio de un cargo público, aunque aún estén pendientes actuaciones posteriores que formalicen la titularidad de dicho cargo.” (Los subrayados, resaltados y mayúsculas son nuestros) OCTAVO.- EL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO. El Derecho al Debido Proceso, comprende al conjunto de garantías básicas y comunes A TODO PROCEDIMIENTO judicial o administrativo. Nuestra Corte Constitucional ha señalado: “El artículo 76 de la Constitución de la República establece QUE EN TODO PROCESO en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso este derecho se compone de algunas garantías básicas, mismas que constituyen presupuestos esenciales para la validez de los procesos; las garantías del debido proceso, entre las que se cuenta con el derecho de defensa, la contradicción, la legalidad, entre otras, son mandatos de observancia obligatoria en la tramitación de las causas; en consecuencia, cualquier norma procedimental de categoría inferior a la Constitución de la República que impida su ejercicio es manifiestamente inconstitucional. Esta garantía constituye un blindaje ciudadano ante la arbitrariedad en la sustanciación de las causas, y una herramienta fundamental para legitimar la actuación de los administradores de justicia. El derecho a la defensa es el que tiene toda persona contra quien se ha instaurado un proceso, ya sea judicial, administrativo o DE CUALQUIER ÍNDOLE, para acceder al sistema y hacer valer sus derechos frente a él; en este sentido, el derecho a la defensa busca garantizar la contradicción ante la acción, permitiendo que el accionado pueda ser oído, hacer valer sus razones, ofrecer y controlar la prueba e intervenir en la causa en pie de igualdad con la parte actora (Corte Constitucional del Ecuador, para el período de transición, sentencia No. 212-12-SEP-CC, caso No. 1259-11-EP.)” (Los subrayados, resaltados y mayúsculas nos corresponden) El Art. 76 de la CRE, establece: “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.” La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de la cual el Ecuador es signatario, en su Art. XVIII establece el Derecho a la Justicia: “Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. “ La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) en su Art. 25. Protección Judicial expresa: “1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”. Como acertadamente analiza el tratadista argentino Osvaldo Alfredo Gozaíni al referirse al Debido Proceso: su ámbito no se contrae a la órbita judicial: “Los conceptos se extienden al PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO y, también, al régimen disciplinario de la administración pública o militar. El derecho a ser oído consagrado en la ley de procedimiento administrativo es de raigambre constitucional, y su incumplimiento es una irregularidad que hace a las formas esenciales, entre las cuales no sólo están involucradas las observancias en la emisión del acto, en la exteriorización de la voluntad de la administración, sino también el conjunto de formalidades o requisitos que debe observarse o respetarse para llegar a la emisión del acto administrativo.” (Los resaltados, subrayados y mayúsculas son nuestros.) 8.1) La ESPOCH institución de renombre en la educación a nivel superior en el país, realizó un Concurso Público de Merecimientos y Oposición para Personal Académico Titular Categoría Auxiliar 1, para varias de las Facultades que la integran, tal concurso se basó en disposiciones constitucionales, legales (LOSEP, LOES) y reglamentarias, especialmente el Reglamento de Concurso de Merecimientos y Oposición para el Personal Académico Titular de la ESPOCH emitido mediante Resolución de Consejo Politécnico 0283.CP.2017 de martes 20 de junio del 2017. Es claro entonces que el marco jurídico que linderaba el proceso, fue establecido con anterioridad; y, que el desarrollo del concurso debía ceñirse a él. De la revisión procesal, en el caso bajo conocimiento de la Sala, se establece que al inicio del proceso se cumplieron las fases respectivas ante la Comisión de Evaluación del Concurso Público de Merecimientos y Oposición competente para su desarrollo, tal ente concursal declaró como ganadora a la legitimada activa Dra. Olga Beatriz Barrera Cárdenas al haber alcanzado el puntaje más alto, incluso no existieron postulantes idóneos que optaron para tal cargo docente. Entonces de acuerdo al Reg. CMOPAT-ESPOCH Arts. 48 y 49, una vez culminada la Fase de Impugnaciones, la Comisión de Evaluación del Concurso Público de Merecimientos y Oposición remitió los resultados finales, documentación; y, actas generadas al Consejo Politécnico. Al Consejo Politécnico de conformidad a las actas de resultados finales notificadas por la Comisión, única y exclusivamente le correspondía “verificar” que el procedimiento administrativo se haya cumplido de acuerdo al reglamento, y tomar tres resoluciones: Declarar ganador del concurso, por cada vacante, al postulante que haya obtenido el puntaje más alto, siempre y cuando haya alcanzado al menos 75/100 puntos en el resultado final total. Lo que se observa ocurrió en el presente caso, en que la legitimada activa Dra. Olga Beatriz Barrera Cárdenas fue declarada GANADORA del concurso Bloque 5, con 83 puntos, que sobrepasaban con holgura el mínimo establecido reglamentariamente. Declarar desierto el concurso público de merecimientos y oposición, por recomendación de la Comisión de Evaluación del Concurso Público de Merecimientos y Oposición, o por la Dirección de Talento Humano en el caso de no existir postulantes. Escenario que no aplica, pues hubo una postulante idónea y no existió “recomendación” de la Comisión en tal sentido. Declarar desierto el concurso público de merecimientos y oposición en el caso de que comprobaren que no se cumplió con el procedimiento establecido. Tampoco se ha comprobado que no se haya seguido el procedimiento reglamentario establecido con la institución. Generándose una legitima expectativa de ejercicio del cargo quedando pendiente solamente la formalización de la titularidad de dicho cargo. 8.2) Más acontece que posteriormente a la declaratoria de ganadora del concurso a la legitimada activa Dra. Olga Beatriz Barrera Cárdenas por parte de la competente Comisión de Evaluación del Concurso Público de Merecimientos y Oposición, Consejo Politécnico en Sesión Extraordinaria de lunes 23 de julio del 2018 (fs. 53 a 70) emite la Resolución 383.CP.2018 en la que expresa: “Que, mediante Resolución 374.CP.2018, el Consejo Politécnico resolvió: Artículo 1.- En base a los artículos 19 último inciso, 21 y 22 del Reglamento de Concursos de Merecimientos y Oposición para el Personal Académico Titular de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y a la Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado 407-03, se dispone a la Dirección de Talento Humano que con el apoyo de las unidades académicas y administrativas que requiera y solicite, revise e informe hasta el día lunes 23 de julio sobre el cumplimiento de los requisitos mínimos que deben cumplir todos los participantes cuyos nombres han sido remitidos por las Comisiones de Evaluación a través de las Actas de Resultados Finales de los Concursos de Méritos y Oposición para personal académico titular que actualmente se encuentra en curso;” 8.3) En la Resolución 383.CP.2018 antedicha, se indica: “Que, se conoció el oficio 2744.DTH.ESPOCH.2018, de fecha 23 de julio de 2018, suscrito por la Ing. Jaqueline Caisaguano, Directora de Talento Humano, quien indica “(…) ANTECEDENTES Reciba un cordial saludo, por medio del presente me permito poner en su conocimiento que una vez que se ha receptado las Actas de Resultados Finales presentadas por cada Comisión de Evaluación del Concurso Público de Merecimientos y Oposición, mediante las cuales se evidencia el puntaje de cada participante; y, de acuerdo a lo establecido en el Art.1 de la Resolución 374.CP.2018, de fecha 20 de julio de 2018, ESTA DIRECCIÓN conforme a los dispuesto ha procedido realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos para ocupar el cargo de Personal Académico Titular Auxiliar 1 de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.” (Los resaltados, subrayados y mayúsculas son nuestros) Nótese que en este acto ilegítimo la Ing. Jacqueline Caisaguano “supuestamente” toma como fundamento o base legal la Resolución 0283.CP.2017 de 20 de junio de 2017 contentiva del Reg. CMOPAT-ESPOCH Arts. 21 y 22; la Resolución 374 CP.2018 de 20 de julio del 2018 en su Art.1; y, la Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, agregando: “2. Postulantes con observaciones en la documentación presentada. Mediante oficio No. 2729.DHT.ESPOCH.2018 esta Dirección solicita a la Dirección de Publicaciones, la aclaratoria a las observaciones presentadas, por lo que mediante oficio 343.DPU. ESPOCH.2018, remitido por la Dirección de Publicaciones, informa la pertinencia de las obras de relevancia y/o artículos indexados de los postulantes detallados dando el siguiente resultado: (…) Sobre la legitimada activa Dra. Olga Beatriz Barrera Cárdenas, el antedicho Director de Publicaciones, sienta en el casillero de OBSERVACIONES: “De acuerdo a oficio de la Dirección de Publicaciones la postulante cuenta con pertinencia y/o afinidad de una (1) de las dos (2) obras de relevancia y/o artículos indexados en los campos de conocimiento afines al concurso, por lo que no mantiene requisito de obras validado” (sic) Sentando más adelante de tal documento: “CONCLUSION y RECOMENDACION. De acuerdo al presente informe, esta Dirección recomienda que por medio de su autoridad se ponga en conocimiento a Consejo Politécnico los resultados y observaciones generadas, con la finalidad de que se tomen las acciones pertinentes de acuerdo o cada caso. (…) Que, del análisis el oficio 2744.DTH.ESPOCH.2018 y la explicación realizada por la Ing. Jacqueline Caisaguano, Directora de Talento Humano, se indica QUE EXISTIRÍAN 5 casos en los cuales los candidatos NO CUMPLIRÍAN O NO ESTARÍA CLARO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS TAL y como manda la Norma Técnica 407-03 emitido por la Contraloría General del Estado, por tal razón el Consejo Politécnico ha debatido lo…” (No finiquita la “conclusión”) Como colofón, en base a estos “informes” las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, en el documento, Consejo Politécnico por “unanimidad” RESUELVE: “Artículo 1.- En cumplimiento al artículo 49 del Reglamento de Concursos de Merecimientos y Oposición para el Personal Académico Titular de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, de conformidad con el oficio 2660 J D.T.H.ESPOCH y el oficio 2744.DIH.ESPOCH.2018, ambos suscritos por la Ing. Jacqueline Caisaguano, Directora de Talento Humano, se declara como ganadores de los Concursos de Merecimientos y Oposición para el Personal Académico Titular de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo convocados mediante resolución de Consejo Politécnico 205.CP.2018 a los siguientes participantes:” (Sigue listado de ganadores) En cuanto a la legitimada activa, el Art. 4 de la Resolución, se indica: “Artículo 4.- Conforme se desprende del oficio 2744.DTH.ESPOCH.2018, suscrito por la Ingeniera Jaqueline Caisaguano, Directora de Talento Humano, en concordancia con el oficio 343.DPU.ESPOCH.2018, suscrito por el Ingeniero Luis Flores Mancheno, Director de Publicaciones, se tiene conocimiento que los siguientes concursantes no cumplen con el requisito mínimo de dos obras de relevancia o artículos indexados en los campos de conocimiento afines al concurso, POR TAL MOTIVO LOS MISMOS NO PUEDEN SER DECLARADOS GANADORES…” Con tal Resolución 383.CP.2018 se impide extemporáneamente que la Dra. Olga Beatriz Barrera Cárdenas sea declarada ganadora del concurso al que postuló y del que obtuvo el mayor puntaje. 8.4) Se busca fundamentar la ilegítima disposición de “revisión de requisitos mínimos” extra-reglamentaria, en la aplicación de las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de Recursos Públicos. (NCI-CGE) emitidas mediante Acuerdo de la Contraloría General del Estado No. 39, publicadas en el Suplemento del Registro Oficial No. 87 de 14 de diciembre del 2009, que en su presentación, se manifiesta: “La Contraloría General del Estado, frente a los cambios en la legislación ecuatoriana que se han producido a partir de la emisión de la nueva Constitución de la República del Ecuador, reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y otras disposiciones legales y normativas para los sectores ambiental, eléctrico, administrativo, talento humano, información pública, finanzas públicas, contratación pública, entre otras; y, los avances y mejores prácticas en la administración pública moderna emitidos por las organizaciones internacionales encargadas de su investigación y divulgación, consideró necesario actualizar las Normas de Control Interno, para proveer a las entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, de un importante marco normativo a través del cual puedan desarrollarse para alcanzar sus objetivos y maximizar los servicios públicos que deben proporcionar a la comunidad.” “Las Normas de Control Interno SON CONCORDANTES CON EL MARCO LEGAL VIGENTE Y ESTÁN DISEÑADAS BAJO PRINCIPIOS ADMINISTRATIVOS, DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVA TÉCNICA PERTINENTE.” En específico, la Norma aludida es la 407-03 cuyo contenido es el siguiente: “407-03 Incorporación de personal. Las unidades de administración de talento humano seleccionarán al personal, tomando en cuenta los requisitos exigidos en el Manual de Clasificación de Puestos y considerando los impedimentos legales y éticos para su desempeño. El ingreso de personal a la entidad se efectuará previa la convocatoria, evaluación y selección que permitan identificar a quienes por su conocimiento y experiencia garantizan su idoneidad y competencia y ofrecen mayores posibilidades para la gestión institucional. El proceso técnico realizado por la Unidad de Administración de Talento Humano seleccionará al aspirante que por su conocimiento, experiencia, destrezas y habilidades sea el más idóneo y cumpla con los requisitos establecidos para el desempeño de un puesto, a través de concurso de méritos y oposición. En el proceso de selección, se aplicarán las disposiciones legales, reglamentos y otras normas que existan sobre la materia. En la Unidad de Administración de Talento Humano, para efectos de revisión y control posterior, se conservará la información del proceso de selección realizado, así como de los documentos exigidos al aspirante, en función de los requisitos legales establecidos.” Las Normas de Control Interno para el Sector Público de la República del Ecuador constituyen GUÍAS GENERALES emitidas por la Contraloría General del Estado, orientadas “a promover una adecuada administración de los recursos públicos y a determinar el correcto funcionamiento administrativo de las entidades y organismos del sector público ecuatoriano, con el objeto de buscar la efectividad, eficiencia y economía en la gestión institucional.” Tales Normas de Control Interno fueron dictadas una década antes de la convocatoria al concurso materia de la presente acción constitucional, y se refieren al ingreso de personal administrativo sujeto a la LOSSCA (Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa) de aquel tiempo, hoy sujetos a la LOSEP, que en todo caso, como su testo indica se caracterizan por ser: Concordantes con el marco legal vigente, disposiciones; y, normativa de los Sistemas de Contabilidad Gubernamental, Presupuesto, Tesorería, etc. 8.5) De lo anotado trasciende de forma indubitable que la Dra. Olga Beatriz Barrera Cárdenas resultó triunfadora en el concurso de méritos y oposición en el que participó, el que no fue impugnado en ninguna de sus etapas de acuerdo a la normativa constitucional, legal, reglamentaria y estatutaria pertinente; sin embargo, no ha sido formalizada como ganadora por parte del Consejo Politécnico para lo cual se han valido de artificios ajenos a las disposiciones del Reg. CMOPAT-ESPOCH, haciendo una interpretación arbitraria de sus Arts. 21 y 22, disponiendo que dos funcionarios sin competencia- Ing. Jaqueline Caisaguano, Directora de Talento Humano; e, Ing. Luis Flores Mancheno, Director de Publicaciones realicen una “revisión” de los “requisitos mínimos de participación” que fueron de conocimiento privativo de la Comisión de Evaluación del Concurso Público de Merecimientos y Oposición legal y reglamentariamente designada, dichas personas emitieron “informes” y “oficios” carentes de motivación alguna para establecer sus conclusiones, cabe recordar que el Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador es diáfano al establecer: “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: (…) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: (…) l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.” De la normativa suprema anotada se desprende que la MOTIVACIÓN de las resoluciones emitidas es IMPERATIVO CONSTITUCIONAL, éstas no pueden sustraerse de la “RATIO DECIDENDI” (Razón de la decisión) tomada por un servidor público del rango que este fuere, en base de la indisponibilidad del DEBER de MOTIVAR, convirtiéndose en la génesis única de conocimiento y control de la decisión o acto realizado. Un Estado de Derechos y Justicia, se transforma en baluarte de la motivación, herramienta que permite la rendición de cuentas de los funcionarios investidos de poder a sus mandantes. “La exigencia de motivar camina en paralelo a la magnitud de la potestad discrecional; a mayor discrecionalidad más motivación puesto que la necesidad de motivar es proporcional a las posibilidades de elegir (y de decidir).” La MOTIVACIÓN de un acto, informe, etc., por tanto debe caracterizarse por ser: <congruente> <completa> y <suficiente>. Tal motivación no debe entenderse como un texto formalista y minúsculo sin contenido, caracterizado por la enunciación y transcripción de normas, debe ser sustancial y basarse en los justificantes de los enunciados formulados lo que en el presente caso no ha sucedido. Por tanto se incurrieron en vicios que tienen repercusión constitucional, pues tales funcionarios y Consejo Politécnico arrogándose atribuciones reglamentarias inexistentes; y, contrarias a las que la misma institución de educación superior estableció. las transgredieron, lo que desembocó en una grosera violación al Derecho al Debido Proceso, la Motivación; y, a la Seguridad Jurídica, lo que traspasa las fronteras legales del reconocimiento de un derecho subjetivo justiciable por vía contencioso-administrativa, ya que su reclamación conlleva la tutela directa de derechos constitucionales y la exigencia de la aplicación directa de garantías constitucionales. Como señala claramente la doctrina constitucional: “Garantía de la Seguridad Jurídica. La seguridad jurídica significa la estabilidad del ordenamiento jurídico que rige un Estado, la cual debe contener normas que tengan permanencia y que garanticen el equilibrio en las relaciones entre los órganos del Estado y los ciudadanos. I. Elementos. a) La certeza jurídica: significa la existencia de un conocimiento seguro, claro y evidente de las normas jurídicas existentes; b) la eficacia del derecho: significa que las normas jurídicas tengan la capacidad de producir un buen efecto, y c) la ausencia de arbitrariedad: significa que al aplicar las normas jurídicas prevalezca la justicia. II. La seguridad jurídica como principio, como valor y como derecho fundamental. a) Como principio. Es un derecho universalmente reconocido y que se entiende como certeza práctica del derecho; b) como valor. Es un valor ético, desde dos vertientes, vinculados al valor de la justicia y al valor de la dignidad personal, y c) como derecho fundamental. Si bien la seguridad jurídica no es un derecho fundamental, tiene la calidad de derecho humano y, en cada país, de derecho constitucional. III. Titulares activos del derecho a la seguridad jurídica. a) Los ciudadanos. En la realidad, los ciudadanos son los más inseguros, dada la inestabilidad jurídica (normas promulgadas por sorpresa y en función de la conveniencia de grupos de interés, de presión y de poder). Por consiguiente, los ciudadanos son los primeros titulares del derecho en exigir la seguridad jurídica, ya sea en forma individual o en forma colectiva” NOVENO. Se ha verificado también vulneración a los Derechos de Participación de la legitimada activa contenidos en el Art. 61.7 de la CRE: 7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en un sistema de selección y designación TRANSPARENTE, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación intergeneracional. (…)” Y al Principio de Igualdad que como bien expresa Marta Torres Falcón es básico en la esfera de la aplicación de los Derechos Humanos: “La noción de igualdad es un principio básico de los derechos humanos. Al afirmar que existe una serie de prerrogativas inherentes a la persona, se aplica precisamente un rasero de igualdad. Más allá de las diferencias innegables entre los seres humanos por rasgos físicos, capacidad intelectual, clase social, nivel educativo, color de piel, etc.- la cualidad común de disfrutar derechos básicos los iguala como personas. Tal es el enunciado básico de la formulación moderna de los derechos humanos que, incluso en ese nivel formal, teórico, abstracto, no resiste un análisis cuidadoso (…) La idea de igualdad está siempre relacionada con la justicia. Se reconoce al otro como igual, es decir, merecedor del mismo trato que cada individuo considera merecer. Toda persona es igualmente digna que las otras y por lo tanto debe tener los mismos derechos frente al Estado. Aquí aparece una noción de justicia que corre en paralelo con el principio de igualdad.” En referencia a la actuación de la Administración Pública y el ejercicio del Principio de Igualdad, la autora Encarnación Fernández, establece: “Los poderes de la Administración deben ejercitarse en términos de igualdad con respecto de los administrados. En general, esto puede fiscalizarse adecuadamente a través del principio de legalidad. Pero es más difícil cuando la Administración goza de facultades amplias de apreciación e imposible cuando goza de discrecionalidad. En estos casos entra en juego la existencia de la igualdad en la aplicación de la ley. La jurisprudencia construye así el concepto de la vinculación al precedente administrativo” En efecto la <discriminación> se establece en contra de la legitimada activa en relación a los otros postulantes que cumpliendo los mismos requisitos, y participando en el mismo concurso general recibieron un tratamiento diferente, y fueron declarados ganadores, tal actuación sería la antítesis de la <igualdad>, al haber sido objeto de trato desigual por parte de la autoridad administrativa. Tal actuación relatada violenta además el Principio de Dignidad Humana: “La persona humana es la fuente de todos los principios y derechos. Más aún el fundamento y la razón de ser del derecho radica en la persona cuya humanidad no deriva de ser una creación formal del hombre. Un ordenamiento positivo que negase la condición de persona a un ser humano sería algo inconcebible, un no-derecho, una aporía (…) El valor jurídico básico de la dignidad humana ocupa un lugar central en el derecho público, siendo un principio constitucional que se proyecta a la teoría del acto administrativo, mediante el desarrollo de una serie de principios generales cuyos contenidos se expresan en mandatos, prohibiciones y estímulos.” “Art. 11 CRE.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: (…) 7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento.” DÉCIMO. De la revisión del proceso constitucional se puede verificar que existe además Vulneración del Derecho al Trabajo y la Estabilidad Laboral, al truncar el “proyecto de vida” de la hoy accionante mediante un ilegal procedimiento administrativo que le priva de los derechos generados al resultar ganadora de un concurso público de merecimientos y oposición. El Art. 33 de nuestra Norma Suprema establece: “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su DIGNIDAD, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.” El Art. 325 ibídem, concordantemente consigna: “El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomos, con inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores.” Se ha verificado, por tanto acciones administrativas que vulneran al Derecho al Trabajo, de la legitimada activa Dra. Olga Beatriz Barrera Cárdenas. DÉCIMO PRIMERO. Llama la atención la litigación contraria a los Principios de Lealtad Procesal y Buena Fe realizada por los defensores técnicos de los Legitimados Pasivos, Ing. Byron Ernesto Vaca Barahona PhD., Rector y representante legal de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y Miembros del Consejo Politécnico, quienes en su escrito de apelación, buscan sorprender a este Tribunal, sacrificando a la verdad, manifestando que mediante sentencia emitida dentro de la acción de protección con medida cautelar No. 0335-2015-01261 seguida por Juan Carlos Cepeda Pacheco en contra de la Universidad Nacional de Chimborazo, el Juez Dr. Nelson Escobar, resuelve “que no procede la acción de protección” y que “Esta sentencia es ratificada por la Sala Especializada de lo Civil con el mismo número de proceso 06335-2015-01261. Teniendo como Jueza Ponente a la Dra. Beatriz Arellano. La Corte Constitucional teniendo como Juez Ponente a la Dra. Wendy Molina Andrade dentro de la misma petición inadmite a trámite la acción extraordinaria de protección del caso 115-15-EP, mediante auto de 02 de febrero de 2016” (sic) La acción de protección signada con el No. 06335-2015-01261 fue resuelta por VOTO DE MAYORÍA de los Magistrados Beatriz Eulalia Arellano Barriga y Luis Rodrigo Miranda Coronel de la siguiente manera: “En función de lo analizado ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA el presente Juez pluripersonal acepta la acción protección propuesta por el señor JUAN CARLOS CEPEDA PACHECO y declara que el contenido de la resolución No. 0092.01-HCU-27-04-2015 materia de la presente acción de protección emitida por el H. Consejo Universitario de la Universidad Nacional Chimborazo, contradice lo establecido en los artículos 76.1; 76.7, letra l); y 82 de la Constitución de la República del Ecuador, por lo tanto se la deja sin efecto. Como medida de reparación integral se ordena al H. Consejo Universitario de la UNACH, de conformidad a lo prescrito en el artículo 24 del Reglamento de Carrera y Escalafón del profesor e investigador de la UNACH, apruebe los informes del H. Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería y notifique los resultados a la Dirección de Administración de Talento Humano de la UNACH, para que se cumpla con el nombramiento del accionante.” Dicha resolución fue objeto de una Acción Extraordinaria de Protección Caso No. 1557-15-EP interpuesta por las Doctoras María Angélica Barba Maggi y Silvia Pacheco Logroño, quienes comparecieron en sus calidades de Rectora y Procuradora General de la Universidad Nacional de Chimborazo UNACH respectivamente en la cual nuestro máximo organismo de Justicia Constitucional en auto de 02 de febrero de 2016, las 11H24, INADMITIÓ la referida acción propuesta en contra de la sentencia constitucional emitida por la Sala de lo Civil y Mercantil, Laboral, Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo. DECISIÓN Por los razonamientos expuestos, esta Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, Menores, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo “ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN  NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA” RECHAZA por improcedente -de acuerdo a las reflexiones realizadas por este Tribunal- el Recurso de Apelación interpuestos por los Legitimados Pasivos, Ing. Byron Ernesto Vaca Barahona PhD., Rector y representante legal de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo; y, Miembros del Consejo Politécnico; y, CONFIRMANDO la sentencia del Juez Aquo se la MODIFICA en el siguiente sentido: Se DECLARA la vulneración de los Derechos Constitucionales de la legitimada activa Dra. OLGA BEATRIZ BARRERA CÁRDENAS portadora de la cédula de ciudadanía No. 180212855-1, en los Derechos: A la Seguridad Jurídica en la garantía del cumplimiento de normas y derechos previstos en el Arts. 82 y 76.1; al Debido Proceso en la garantía de la motivación Art. 76.7 Literal l); Derechos de Participación Art. 61.7; Derecho a la Dignidad Humana Art. 11.7; Derecho a la Igualdad Formal y Material y no Discriminación Art. 66.4; y, Derecho al Trabajo Arts. 33, 228 y 325 de la Constitución de la República del Ecuador. Se dejan SIN EFECTO las Resoluciones emitidas por Consejo Politécnico No. 374.CP.2018 (20 de julio de 2018); No. 383.CP.2018 (lunes 23 de julio del 2018); No. 446.CP.2018 (martes 14 de agosto del 2018); Oficio 2744.DTH.ESPOCH.2018 (23 de julio de 2018); y, Oficio No. 343.DPU.ESPOCH.2018 (23 de julio de 2018) en lo atinente a la legitimada activa Dra. Olga Beatriz Barrera Cárdenas. De conformidad a lo ordenado por el Art. 18 de la LOGJCC, al haberse declarado la vulneración de derechos constitucionales anotados se dispone que los legitimados pasivos, Ing. Byron Ernesto Vaca Barahona PhD., Rector y representante legal de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y Miembros del Consejo Politécnico; cumplan los siguientes actos de reparación integral: La institución accionada, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo a través de Consejo Politécnico den cumplimiento inmediato e irrestricto al Art. 49 literal a); y, Art. 50 del Reglamento de Concursos de Merecimientos y Oposición para el Personal Académico Titular de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo declarándose como ganadora a la postulante de mayor puntuación ha alcanzado en el Concurso de Méritos y Oposición respectivo; y, se emita la correspondiente Acción de Personal por parte de la Dirección de Talento Humano en el término improrrogable de ocho días. La institución accionada, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo evite cualquier tipo de acciones u omisiones que puedan constituir represalias o acoso en contra de la legitimada activa Dra. Olga Beatriz Barrera Cárdenas. Se dispone se remitan copias certificadas de la presente acción constitucional a la Dirección Provincial de Chimborazo de la Contraloría General del Estado, para que se realicen las respectivas investigaciones y se establezcan las responsabilidades de los Miembros del Consejo Politécnico; Ing. Jaqueline Caisaguano, Directora de Talento Humano; e, Ing. Luis Flores Mancheno, Director de Publicaciones por la transgresiones sometidas en el cumplimiento de sus funciones, en el presente caso. El Consejo Politécnico en Sesión Extraordinaria ofrezca disculpas públicas a la legitimada activa Dra. Olga Beatriz Barrera Cárdenas; y, se publique como portada o titular central en la página principal (PÁGINA DE INICIO-HOME) del portal web institucional: www.espoch.edu.ec, un extracto de la parte considerativa; y, totalidad de la parte resolutiva de esta sentencia por el período de sesenta días consecutivos desde su notificación. Se ordena además que en el plazo de 60 días se efectúe la capacitación de los Miembros del Consejo Politécnico; y, personal administrativo de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo encargados de efectuar los concursos de méritos y oposición; sobre los Principios del Derecho Público, procesos de concursos y evaluaciones; Debido Proceso; y, Seguridad Jurídica debiendo informar los representantes legales de la Institución el cumplimiento de tal medida en el plazo de 5 días de concluido el plazo dispuesto para el proceso de capacitación. Pudiendo para el efecto solicitar a las Universidades la colaboración de docentes expertos en los citados temas. Se delega al señor Defensor del Pueblo para que dé el respectivo seguimiento al cumplimiento inmediato y estricto de esta sentencia. Ejecutoriada que sea la presente sentencia, dese cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 86.5 de la Constitución de la República del Ecuador; en concordancia con el inciso primero del Art. 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, remítase inmediatamente la presente sentencia a la Corte Constitucional, para su eventual selección para el desarrollo de la Jurisprudencia Constitucional.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Abg. Bladimir Cedeño Guzmán

 

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